El marco normativo en el que se desenvuelve el sector empresarial así como los deberes formales vinculados al inicio de una actividad empresarial, son algunos de los aspectos que aprenden los/as estudiantes del Máster en Administración y Dirección de Empresas (MBA) de la UMH en la asignatura Derecho Empresarial. Con el objetivo de ofrecer una aproximación al contenido de la materia, el profesor del Departamento de Estudios Económicos y Financieros de la UMH Luis Llamas Fuentes responde a las siguientes preguntas.

 

¿Cuáles son las principales responsabilidades que tiene una empresa en el marco legal?

Desde un punto de vista general, y teniendo en cuenta que, en definitiva, una empresa no deja de ser una persona jurídica, sujeto de derechos y obligaciones, podemos decir que las obligaciones legales de una empresa no se diferencian mucho de las obligaciones que le corresponden a cualquier sujeto con capacidad de obrar, de acuerdo con el ordenamiento jurídico español. Tiene que cumplir las mismas obligaciones que cualquier otra persona, en cuanto al cumplimiento de sus compromisos contractuales, exigencias administrativas según el ámbito de su actividad, relaciones dentro del ámbito laboral, o pago de sus cargas tributarias.

No obstante, y por citar algunas obligaciones más específicas que afectan a las empresas,  podemos mencionar las obligaciones relativas a su proceso de constitución, recogidas en las normas mercantiles, así como las que se establecen en beneficio de terceros (accionistas minoritarios, proveedores, etc.), entre las que caben destacar las disposiciones sobre su disolución obligatoria en determinados supuestos que reduzcan las garantías de dichos terceros. Por último, no debemos olvidar la importancia en este aspecto de los estatutos sociales, auténticas normas de funcionamiento de las sociedades, los cuales suelen establecen obligaciones consensuadas entre los socios, que son de obligado cumplimiento para la sociedad y sus órganos de administración.

 

¿En qué figura recaen las gestiones legales dentro de una empresa? ¿Es un servicio que se externaliza? ¿Depende del tamaño de la organización?

Para contestar a esta pregunta, a nuestro entender, hemos de diferenciar, por un lado a quién corresponde la responsabilidad de las decisiones legales adoptadas por la empresa y, por otro, quién se encargará de tomar dichas decisiones en el día a día.

Evidentemente, la responsabilidad última de las decisiones legales que se lleven a cabo en una empresa corresponderán, normalmente, al órgano de administración, sea su composición la que sea (administrador único, administradores solidarios o mancomunados, consejo de administración con o sin consejeros delegados). Y esto independientemente de a quién se le encargue la función de proponer las mejores decisiones en el ámbito legal, puesto que se trata de una responsabilidad irrenunciable e indelegable.

Dicho esto, en el ámbito práctico del día a día, la función jurídica en una empresa puede ser realizada por el propio personal de la empresa, o puede ser subcontratada con otras personas o entidades (outsourcing). Cada uno de estos sistemas tiene sus propias ventajas e inconvenientes y, a nuestro entender, no es posible establecer un criterio general válido para todos los casos en cuanto a cuál de ellos es mejor o peor.

Sin embargo, algunos criterios que nos podrían conducir a tomar una u otra decisión podrían ser los siguientes:

  • Tamaño de la organización: Cuanto mayor sea una empresa, más decisiones con trascendencia legal se deberán adoptar cada día, por lo que puede llegar a ser conveniente interiorizar esta función mediante la creación de un propio Departamento Jurídico que se encargue de resolver dichas cuestiones en exclusiva para la organización.
  • Conflictividad en la operativa habitual de la empresa: Si existe un alto grado de conflictividad jurídica por cualquier razón (sector de actividad, situación del mercado, etc.), los mismos criterios anteriormente expuestos podrían resultar aplicables.
  • Relación con administraciones públicas: Existen sectores de actividad en los que hay un mayor contacto con las administraciones públicas por diversos motivos (concursos públicos, concesiones administrativas, etc.). En este caso, y debido al alto grado de burocracia y requisitos legales que se suelen exigir, podría resultar conveniente interiorizar estos servicios.

En cualquier caso, y tal como ya se ha dicho antes, resulta muy complicado a priori establecer un criterio objetivo y universalmente válido respecto a esta decisión, pudiendo influir multitud de factores que deberán ser tenidos en cuenta para cada caso concreto.